El incremento de la población y el constante desarrollo de tecnologías avanzadas, con el fin de mejorar la calidad de vida de la raza humana, ha traído desde los principios de la era industrial, la contaminación y la desintegración de los principales recursos del pequeño planeta azul.
Esto no es nada nuevo, las generaciones que hoy habitan este planeta están viviendo las consecuencias de los excesos y la falta de conciencia ambiental pero, no estamos solos.
Desde la década de los 60, diversos grupos e instituciones comenzaron a dar la pelea en defensa de lo que la Madre Tierra nos ofrece, todas las protestas fueron escuchadas casi una década después, cuando la ONU decidió establecer las pautas del Derecho Ambiental en 1972 en la Convención de Estocolmo, y desde allí el boom ecologista fue propuesto.
Diversos convenios, protocolos y tratados ambientales se desarrollaron siendo el más popular el Protocolo de Kyoto en la década de los 90, en los cuales se propuso disminuir las emanaciones de gases contaminantes en la atmósfera al menos en un 5 %, protocolo firmado por la mayoría de los países asistentes excepto algunos y otros que fueron abandonándolo al pasar del tiempo.
Venezuela fue testigo y participante de todas las decisiones que se tomaron en pro de la conservación del medio ambiente, es así cuando en 1977 se formula la primera Ley Orgánica del Ambiente. Hasta ahora se han firmado más de 26 convenios ambientales, los cuales han sido clave para reforzar y crear nuevas leyes orgánicas, especiales y ordinarias que garanticen la protección de nuestros recursos.
En la década de los 90 se formula la primera Ley Penal del Ambiente que fue renovada en el 2012, esta ley establece multas, sanciones y condenas a toda aquella persona natural o jurídica, instituciones y grupos que realicen acciones degradantes contra el ambiente y sus componentes.
En la primera etapa de este blog, hablaremos de los delitos basados en el Capitulo IV: Degradación Alteración, Deterioro y Demás Acciones Capaces de Causar Daños a las Aguas- De la Ley Penal del Ambiente actual.
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